Matanzas, Cuba: alerta de huracanes, un compromiso solidario.

Llegamos a la provincia de Matanzas, avanzando hacia el centro de la isla. El calor de esta estación, que se supone debe ser lluviosa, pero que atestigua una de las sequías más violentas de las últimas décadas, nos llena de sudor y de una sensación de pesadez. 

El camino, a través de esas anchas y despobladas carreteras cubanas, deja ver un paisaje bucólico, donde la palma real, el árbol nacional cubano, se despliega por la llanura interminable. Hasta dar al mar, cuya presencia ya se intuye desde el polvoriento transcurrir en que vamos. Busco con ansiedad las plantaciones de tabaco, que tanto me hacen recordar los campos verdes que llenaban el viejo paisaje de mi pueblo, Puriscal. Sin embargo, hasta ahora no lo he logrado ver. 

Detrás de estas primeras impresiones, hay otra más compleja que se puede notar cuando se observa con más detalle. Mi compañero Alexei Castro, además de su profesión de vida que es el trabajo humanitario y la organización comunitaria, es economista agrícola, y vamos conversando sobre los efectos notorios del déficit de agua en las cosechas. El maíz, sobre todo, se ve abatido por el exceso de sol y la dura sequedad del suelo. No se ha desarrollado lo suficiente y se nota que los rendimientos serán bajos. 

En el municipio de Jagüey Grande tienen las cosas muy claras. Su municipio está expuesto a los extremos del agua: la escasez que lleva a los estiajes y sequías y el exceso, cuando vienen los huracanes y las tormentas del Caribe. Aquí se realizan fuertes trabajos de preparación de la población y de las instituciones. Acciones basadas en las personas, las comunidades y  la capacidad fundamental y determinante del recurso humano. 

Una combinación de actores sociales y políticos

El sistema de defensa civil cubano es altamente reconocido en el mundo por su gigantesca capacidad de acción. Las cifras respaldan esa aseveración superlativa: en un período de diez años la isla fue impactada por 14 huracanes de categorías 4 y 5 que dejaron afectadas 1 millón de viviendas y pérdidas superiores a los 18 millones de dólares. La organización nacional y local logró realizar la evacuación preventiva de 11 millones de personas y solo 35 personas perdieron la vida en todo este período. Un performance envidiable para todos los países que se encuentran en la ruta de los huracanes y tifones en el mundo. Pero ¿porqué Cuba, un país con recursos limitadísimos debido a un bloqueo comercial antediluviano, consigue lo que otros países, con recursos propios o millonarios aportes de la cooperación internacional no consiguen?

Mi experiencia con los llamados “sistemas de vigilancia” o “sistemas de alerta temprana” comenzó en 1991. Un terremoto de gran potencia afectó el Caribe costarricense y uno de los efectos principales fue la gran destrucción en las zonas boscosas de la cordillera de Talamanca.  Miles de árboles fueron arrancados de sus bases y millones de metros cúbicos de deslizamientos cayeron o se acercaron a los cauces de los ríos. Las cuencas del río la Estrella, el río Banano y el Bananito, entre otras, quedaron seriamente afectadas y con un altísimo potencial de avalancha e inundación, debido a todo ese material que les aportó el terremoto. El sismo fue en abril, justo a las puertas de la estación lluviosa y la temporada de huracanes. Una vez dada la alerta por parte de los grupos científicos del país, nos dedicamos a instalar sistemas de vigilancia que permitieran observar la lluvia y el cauce de los ríos. El trabajo implicó muchas horas de caminata entre selvas y bananales, gente como Víctor Fallas, Gerardo Quirós y José Joaquín Chacón fueron determinantes para que esto se logrará realizar a tiempo. El sistema se instaló y funcionó. La principal lección aprendida de este proceso fue la importancia del trabajo comunitario, de la observación local, del aprovechamiento del saber y el conocimiento de quienes viven en ese entorno verde y lluvioso. Años después, con el Huracán Mitch, observamos pequeñas comunidades en el río Cuero, Honduras y en el Río Coyolate en Guatemala, que lograron protegerse a tiempo y con eficiencia, con sistemas basados en la población, mientras que una inversión millonaria, cargada de tecnología de punta, instalada en el Valle del Sula, fue incapaz de aportar un solo dato útil para salvaguardar vidas y bienes. 

En Cuba, este tipo de situaciones no es considerado un éxito aislado digno de estudios particulares, simplemente porque es así en todo el país. Si bien es claro que los niveles de exposición y organización son diferentes y que, como todo sistema humano, está sujeto a altibajos, la alerta temprana en Cuba es un proceso integral que forma parte de su cultura, de su forma de vida, de su educación y, sobre todo, de una gran práctica solidaria. 

Hay muchas especulaciones sobre el funcionamiento de este sistema, y muchas dudas sobre la posibilidad de replicarlo. Quizás la que más he escuchado es sobre el papel de las fuerzas armadas y lo que la gente llama una sistema castrense y vertical, en donde, supuestamente, toda la población obedece porque no tiene más remedio. El solo hecho de acercarse a la realidad de este sistema muestra cuan errado es este criterio. Veamos:

• La existencia de fuerzas armadas no es, de ninguna manera, una garantía de eficiencia en los sistemas de evacuación y alerta temprana. Si consideramos que en América Latina únicamente Costa Rica, Panamá y Haití no tienen ejército, habría que considerar que todos los otros países tienen una capacidad de respuesta eficiente y un alto nivel de protección de su población, dados sus ejércitos y sus recursos humanos y materiales disponibles. Solo asomarse un poco a la historia reciente demuestra lo falaz de esta suposición, cuando hemos atestiguado el fracaso de gobiernos, instituciones y sistemas, que a pesar de la inversión y la existencia de estos recursos logísticos, no han sido capaces de aportar a su población las condiciones de seguridad necesarias: miles de muertos a lo largo de los litorales así lo atestiguan. Por otra parte, el huracán Katrina, el Tsunami de 2010 en Chile, el terremoto en Perú en 2007, son solo algunas evidencias contundentes de esta realidad.

• Ningún sistema centralizado y vertical es capaz de lograr un buen performance en la evacuación preventiva y a tiempo de grandes cantidades de población. Una población mal informada y mal organizada es imposible de movilizar adecuadamente solo con órdenes, decretos o sistemas de colores que nadie entiende. 

• Las condiciones de inseguridad locales requieren soluciones también locales, cercanas, al máximo, a los escenarios de impacto. Esperar la llegada de un ejército o de instituciones centrales, es inviable y los resultados, después de décadas o siglos de centralización, son evidentes.

• Los sistemas de alta tecnología, que implican sensibles brechas tecnológicas, son ineficientes, difíciles de mantener y aún más difíciles de absorber en países y comunidades cuya disponibilidad tecnológica cotidiana es escasa.

Movilizar 11 millones de personas en un período de diez años solo se puede conseguir con un sistema basado en la educación, en el trabajo local permanente, en el compromiso y rigor de quienes observan, alertan y responden. Esa es la realidad cubana: un sistema en donde se conjugan todos los factores y recursos disponibles, desde lo local hasta lo central, desde la voluntaria en la comunidad lejana que capacita, informa y apoya, desde el líder comunitario que ayuda a organizar y mantener el sistema, hasta el sistema nacional técnico y científico que estudia, analiza e informa. 

Aquí, en la provincia de Matanzas, en la comunidad de la Luisa, a unos kilómetros de Jaguey Grande, no hay una ambulancia motorizada, no hay grandes instalaciones militares o ministeriales. Hay escuela y centro de salud y alrededor de ellos gira el sistema comunitario de alerta y aviso. Hay grupos de interés, voluntarios y voluntarias, Cruzrojistas, agentes comunitarios, CDR. Gente capacitada y ansiosa de aprender más. Los medios locales son la base de la respuesta, así que conocerlos, practicar y aprender son requisitos básicos para que el sistema funcione.

Ambulancia improvisada y muy efectiva

Voluntariado, participación, trabajo comunitario

El sistema de alerta temprana se basa en el compromiso de las personas, en la gente y su historia. Aquí queda claro que lo importante no es el equipo, ni el diseño ni la tecnología. Visité un “punto de alerta temprana”, muy cercano a la escuela de La Luisa. Entramos a la casa de don Benedicto y su familia. Un veterano, supuestamente retirado, pero más activo que nadie. Su casa no parece nada fuera de lo común. Me hace recordar las casas de mis abuelos, con su sitio especial poblado de imágenes de yeso, el altar de la virgen de la Caridad del Cobre, y los adornos brillantes y limpios, que acompañan a los santos. Al lado el viejo equipo de sonido, con su plato para discos de vinilo. Hace calor, mucho calor, y la esposa de don Benedicto está sentada en su mecedora, abanicandose y mirándonos con curiosidad hospitalaria - Pasen, compañeros - nos dice. Están en su casa. Observo alrededor, para registrar bien este sitio, este centro fundamental de la organización local, de la estructura estratégica de alerta y aviso comunitario, de reducción del riesgo y de la asistencia comunitaria y solidaria. Al lado del equipo de sonido hay un radio de telecomunicaciones. En la cocina, debajo de las ollas y las especies está la planta eléctrica. Don Benedicto la saca y muy orgulloso la enciende - Funciona - nos dice - siempre la pruebo. En los cuartos, debajo de las camas esta el equipo de rescate y apoyo. Las linternas están limpias, las baterías cargadas. Todo funciona, integrado a la realidad humilde de una vivienda de barrio. Nos enseñan las bitácoras de revisión del equipo, permanentes, rigurosas. De ellas depende la vida y la salud de nuestros vecinos.

Don Benedicto, columna de un sistema basado en la gente

Un punto de alerta temprana

Eso es un sistema de alerta temprana basado en la gente, en la participación, en los valores comunitarios, en el interés por los otros, por lo colectivo. Eso es lo que hace diferente esta organización y este país.

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Luis Rolando Durán Vargas
América Latuanis

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Primera estación: Pinar del Río

Con el compañero Benedicto

La reducción del riesgo de desastres: ¿un callejón con salida?

Artículo publicado en la revista EIRD informa - Las Américas. N. 17. 2011.

Luis Rolando DURÁN VARGAS

El descontrol y la sorpresa

Tras más de veinte años promoviendo la reducción del riesgo, de estudiar las vulnerabilidades y de generar toneladas de papel en planes de emergencia y estrategias para la reducción del riesgo a todas las escalas, los últimos grandes desastres se han caracterizado por el descontrol, la sorpresa y la invocación perenne de lo fortuito y lo fatal. Nadie parece asumir el déficit de política, la falta de planificación y la escasa concreción de las manifestaciones de preocupación que llenan las resoluciones y decisiones sobre los desastres pasados, su impacto y su destino fatal.

¡Descontrol y sorpresa! Los impactos elevados, supuestamente evidentes para todo el mundo, siguen apareciendo en la opinión pública en medio de manifestaciones dramáticas que apelan a los sentimientos efímeros, a la solidaridad morbosa y, en menor medida, a un apoyo firme y decidido por el cambio. Estas manifestaciones constituyen la base para la disculpa y la

disipación de las verdaderas responsabilidades de fondo.

No podría comenzar un artículo que hable sobre riesgo en el año 2010 sin manifestar la amargura que deja esta imagen recurrente, completamente adquirida por los medios, que nos vende sin reparo ni resistencia, la impotencia oficial frente a una naturaleza supuestamente caprichosa o a una probabilidad extrema o imprevisible.

Los impactos extremos y el despertar asombrado de la política

¿Despertares? Un presidente sale por la ventana de su residencia en ruinas, mira desorbitado y sin ubicación. Atina a exclamar que perdió su palacio, mientras su país entraba en la etapa destructiva y de retroceso social y humanitario más violenta de su historia.

Una presidenta, con un margen de popularidad inusual, mira desconcertada como su credibilidad y liderazgo se van fracturando al ritmo de manifestaciones erráticas, decisiones lentas y una explosión social generada por el descontento, la sensación de abandono y el oportunismo no controlado. Mientras tanto, cientos de personas mueren bajo las olas de un tsunami y 30 mil millones de dólares se derrumban en cuestión de minutos. “La población murió por falta de información”, dice un poblador del país latinoamericano líder en las tecnologías de información y comunicación.

Otro presidente, con acento desolado, manifiesta ante las Naciones Unidas que la sequía (una situación predicha y calculada hasta la saciedad) ha sorprendido a su país, lo califica de “evento climatológico irregular” y descarga su furia contra la naturaleza, acusándola de exacerbar la pobreza. En simultáneo, comunidades históricamente vulnerables en este país centroamericano vuelven a la más completa inseguridad alimentaria y se declara la hambruna.

El gobierno de otra presidenta declara al mundo cómo el impresionante torrente, también avisado con meses de anticipación, dejó una cantidad inusual de muertes, una red vial destruida y pérdidas elevadas que exacerban el déficit fiscal y comprometen las expectativas de crecimiento. Su nuevo plan de reducción del riesgo ha sido aprobado, pero las previsiones para que este desastre anunciado insistentemente por el coro no se vuelva a repetir, no se ven, los recursos no se mueven y la vulnerabilidad para “el próximo” sigue creciendo.

El evento sísmico que sacudió Haití en enero de 2010 generó un desastre de intensidad mayúscula, donde todo el sistema político, institucional y privado colapsó. Los instrumentos internacionales de asistencia tampoco dieron abasto para enfrentar una situación de la cual, aún hoy, parece imposible salir. El terremoto de Chile generó una condición inexplicable de confusión, caos e ineficiencia en la respuesta y los procesos posteriores de recuperación. Desveló además serias carencias en la planificación, la reducción del riesgo y las capacidades locales.

Un par de años atrás, el terremoto de Pisco encontraría un gobierno peruano con graves problemas organizativos, con una subvaloración atrevida de lo que realmente había pasado y con una capacidad de
respuesta por los suelos, gracias a un proceso de descentralización más claro en el papel que en la realidad de las capacidades locales.

El asombro sigue dominando un escenario que suponíamos caracterizado por información de mejor calidad, por políticas visionarias y por instituciones fortalecidas. ¿Qué puede estar pasando?

Prediciendo el pasado, las decisiones que nunca llegaron

Cada vez que un gran desastre impacta un país, simultáneamente al levantado de los escombros, a la rápida generación de transferencias presupuestarias que desvían fondos de desarrollo y los revierten en reparar errores, en reconstruir el riesgo y en exacerbar las brechas que generan vulnerabilidad, se vive un momento de cambio. Vuelve a aparecer el lugar común de la “ventana de oportunidad” que sirve para mover leyes, cambiar instituciones y aprovechar la conciencia que genera la catástrofe. Esta historia es la misma desde el siglo pasado y de seguro que mucho más atrás. De pronto aparece la conciencia del riesgo y el compromiso, supuestamente firme, de evitar que ese desastre vuelva a suceder.

Sin embargo, a lo largo de décadas, observamos como las decisiones necesarias para hacer posible esos actos de contrición no llegan a concretarse, y las manifestaciones terminan almacenadas en el capítulo inocuo de algún plan, sin presupuesto ni responsabilidades claras. Emergen nuevas políticas, con nuevas instituciones y con el “compromiso sólido” de enfrentar la amenaza creciente y de doblegar a la naturaleza.

Los llamados “riesgos emergentes” se están convirtiendo rápidamente en una excusa y una recarga del viejo argumento de la fatalidad, de lo extremo y lo inesperado. El cambio climático es quizás el ejemplo más decepcionante en este sentido. Al ser presentado en una dimensión global, apocalíptica y de responsabilidad casi exclusiva de los países industrializados, lejos de generar una posición proactiva frente a este proceso de degradación incuestionable, se está convirtiendo en un pretexto de oro para zafar el lomo a la responsabilidad por el riesgo ya construido. Nada más común que escuchar autoridades nacionales manifestar en la prensa cómo el cambio climático es el responsable de la pequeña inundación, de la rayería, del deslizamiento no calculado que destruye, o de la sequía y el hambre. La respuesta no se deja esperar, y en lugar de un llamado social a rendir cuentas por la irresponsable construcción del riesgo, y la escasa inversión para reducirlo, se convierte en una cruzada contra un fenómeno externo - que nosotros no generamos - ante el cual solo queda la opción de adaptarse y detrás de quien todas las responsabilidades no asumidas se esconden.

Otro ejemplo es el riesgo urbano, que con más frecuencia salta en escena. El informe mundial de la Cruz Roja se concentra en esto, y múltiples estudios vienen a mostrarnos esta realidad, mal llamada emergente, puesto que sus causas se consolidaron hace décadas. Mientras los flujos migratorios y los movimientos urbanos pendulares rayan diariamente la cartografía de todos los países latinoamericanos, el riesgo sigue siendo abordado desde una dimensión global, en planes nacionales a veces tan integrales y políticamente correctos que terminan abordando el riesgo desde la generalidad y sin prioridades territoriales. Una constatación en este sentido es observar que la mayoría de las metodologías de trabajo locales exitosas están dirigidas a ámbitos rurales. Mientras tanto, el riesgo en las ciudades se acumula y se confunde entre la maraña de la vulnerabilidad crónica, difícil de comprender y de abordar desde la cultura urbana.

Las variaciones en política pública, en una gran mayoría, son de corto plazo, mediáticas y poco orientadas a modificar la causalidad evidente. Desde esta perspectiva, ¿es realista esperar una nueva modalidad de hacer política para reducir el riesgo, o nos seguiremos consumiendo en una inercia de espacios seguros, adonde los pocos avances sirven para mantener el status quo?

Gestión integrada, entre las aspiraciones y las realidades

En medio de las malas noticias relacionadas con la capacidad de hacer política efectiva para reducir el riesgo, muchas publicaciones vienen mostrando significativas evidencias de casos exitosos para enfrentar las situaciones de emergencia, y en alguna medida, para reducir el riesgo subyacente. Es de gran relevancia analizar estos éxitos valiosos, que muestran al menos las siguientes características:

1. •La resiliencia y capacidad autónoma de las comunidades se ha logrado reforzar a través de los preparativos, de la educación comunitaria y de una mejor integración entre las áreas científicas y operativas, sobre todo a través de los sistemas de alerta temprana. En muchos países se están mejorando procesos de organización comunitaria, vigilancia de fenómenos naturales y acciones de respuesta inmediata a través de programas que se logran mantener en el tiempo.
3. •La experiencias exitosas de reducción concreta del riesgo – zonas de déficit de lluvia que no presentan sequía, gracias al riego; deslizamientos controlados gracias al mejoramiento de suelos y la gestión de tierras; reducción de vulnerabilidades sociales y económicas gracias a una inversión social más extensa – en casi ningún caso forman parte de programas explícitos de gestión d riesgo y en general pasan desapercibidos, no son reportados ni sistematizados.
5. •Las políticas de gestión del riesgo siguen sufriendo del olvido crónico, en la mayoría de los casos por la mala calidad de su diseño y la poca aplicabilidad en términos prácticos de que se traduzcan en mandatos, presupuestos viables y cargas administrativas asumibles por la administración pública y por los ritmos de desarrollo organizacional y político que experimenta cada país.
7. •Los avances en el conocimiento sobre el riesgo, los escenarios de impacto, los índices y otros productos que generan momentos de gran atención y expectativa en la opinión pública, casi nunca cruzan el puente de las decisiones y son pocas las políticas que se generan a partir de estos productos de conocimiento. El cambio real y el impacto en aplicación de políticas a partir de procesos de conocimiento sobre riesgo sigue siendo escasa.

Uno de los aspectos más sensibles, en relación con la calidad de la política pública, es el desarrollo de instrumentos orientados a “oficializar” el discurso pero poco mediados por la realidad política y administrativa de los países a quienes deben servir. Las leyes, más que discursos o tratados técnicos, son actos políticos, cuyo impacto debe registrarse, al menos, en tres tipos de instrumentos:

1. •En normas y principios que se constituyan en referencias y mandatos ineludibles, que condicionen la inversión, que incluyan decisiones concretas sobre la gestión pública, previendo conflictos y vacíos de atribuciones y con principios y conceptos aplicables a los instrumentos administrativos existentes o creados por la norma.
3. •En instrumentos y mecanismos de implementación concreta y gradual, atendiendo prioridades con realismo y responsabilidad política: la descentralización de la respuesta, por ejemplo, no es un decreto, sino un proceso de largo plazo, cuyo éxito está asegurado por otras normas y otros procesos de mayor envergadura, generalmente no controladas desde la gestión del riesgo ni su legislación; la gestión correctiva del riesgo construido requiere de soluciones prácticas y costo-eficientes en escenarios de inversión caracterizados por una lucha encarnizada por recursos escasos; más allá de los escenarios de impacto probable, se requiere el diseño de soluciones cuya rentabilidad política y viabilidad esté asegurada.
5. •En los instrumentos de control que aseguren un marco de responsabilidades transparente, que evite las excusas del cambio climático, la fatiga de los metales y la imperturbable furia de la naturaleza y genere procesos reales de rendición de cuentas. Los sistemas nacionales de control, las procuradurías, defensorías, cortes de cuentas y los mecanismos de control político deben estar incluidos en una norma que les confiera el mandato de asegurar la implementación de los mecanismos, y finalmente, la protección de la vida y de la inversión económica y social.

A partir de lo anterior, es vital repensar la aspiración de la “gestión integrada del riesgo”: el riesgo es un valor negativo que no se puede gestionar por sí solo, sus indicadores de éxito no miden avances visibles en el desarrollo, sino la reducción de un impacto negativo probable. Como tal, es improbable encontrar la gestión integral del riesgo en un discurso de campaña política, en un impactante informe ejecutivo a la nación, o como agenda movilizadora de pasiones, compromisos o imaginarios de progreso. Todos los procesos, inversiones o proyectos que reducen el riesgo se encuentran alojados en otra política, en otro sector, en otros actores. La gestión del riesgo no tiene instrumentos propios de intervención, excepto en dos líneas de trabajo: la intervención del riesgo inminente y la preparación y respuesta a los desastres.

Esta última aseveración lleva a proponer un análisis fundamental antes de diseñar políticas y marcos institucionales: el riesgo y los desastres se gestionan con instrumentos distintos, desde presupuestos diferentes y con actores raramente coincidentes. Una cosa es analizar el riesgo desde una perspectiva integral y desde ahí comprender los desastres, sus causas y su devenir; y otra cosa es pretender instalar todo ese paquete dentro de una misma estructura de políticas, procesos, instituciones, presupuestos y responsabilidades.

Las lecciones que muestran un camino

Existe en la región latinoamericana una cantidad innumerable de iniciativas que están generando importantes líneas de aprendizaje y que pueden orientar hacia opciones más realistas. Algunas de estas son:

Políticas regionales de “nueva generación”: en el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) se vive un proceso de desarrollo de políticas e instrumentos normativos y estratégico bajo un formato novedoso: la integración y desarrollo de iniciativas en gestión ambiental, gestión de los recursos hídricos y gestión del riesgo bajo criterios comunes, mecanismos conjuntos e instrumentos de financiación consensuados. Esto ha permitido crear sinergias, encontrar mecanismos de implementación más costo-eficientes y, sobre todo, evitar la dispersión que implica desarrollar de forma fraccionada instrumentos y mecanismos similares. El Plan Plurianual del Subsistema Ambiental, la Política Centroamericana de Gestión Integral del Riesgo y la Estrategia Regional de Cambio Climático constituyen dos instrumentos de política que conviene observar. Por otra parte, la Estrategia Regional

Agroambiental y de Salud (ERAS) y la Estrategia Centroamericana de Desarrollo Rural Territorial (ECADERT), han logrado romper el círculo de los convencidos y han colocado las iniciativas de reducción del riesgo y adaptación al cambio climático en instrumentos del desarrollo económico y social.

Procesos de legislación y desarrollo organizativo en Perú, Ecuador, El Salvador y Chile, están entrando en el difícil abordaje de la gestión del riesgo realista, aplicado a las realidades políticas y administrativas de sus países, enfrentando el uso, los viejos arreglos institucionales y las condiciones específicas de vulnerabilidad y capacidad de sus sociedades. Un aporte significativo para esto es la iniciativa que coordina la Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, mediante la cual se realiza un análisis complejo de los procesos nacionales sobre la base de las prioridades de acción del Marco de Acción de Hyogo. Este análisis puede convertirse en una referencia muy completa que muestra la complejidad y la necesaria articulación de políticas e instituciones.

El desarrollo de instrumentos de conocimiento más cercanos a los procesos de toma de decisiones: El Foro Regional del Clima en Centroamérica, coordinado por el Comité Regional de Recursos Hidráulicos, no solo genera escenarios climáticos trimestrales, sino que incluye diálogos y procesos de planificación conjunta con sectores productivos, que resulta en la aplicación de soluciones y previsiones que reducen exitosamente la vulnerabilidad de sectores como la pesca, la agricultura y la energía.

Los indicadores de riesgo y gestión del riesgo generados por el Banco Interamericano de Desarrollo, acercan los análisis de riesgo a niveles manejables, con mecanismos concretos de medición y orientan la adopción de prioridades. Estos instrumentos deberían ser rápidamente interiorizados por los observatorios y entidades que analizan las tendencias de desarrollo en los países, para ser concretados a escalas administrativas territoriales.

Finalmente, en simultáneo con las iniciativas anteriores ligadas a la política pública y a la administración del Estado, se encuentran las iniciativas de gestión local del riesgo y la acción comunitaria. Es fundamental considerar que la gestión local del riesgo no es una escala ni una dimensión de la política nacional que siempre alcanza su límite de eficiencia en la escala municipal, sino que representa la mejor –y muchas veces única– opción de acción directa sobre las condiciones más concretas de inseguridad de las comunidades y que actúa sobre las capacidades y la resiliencia que la historia y la realidad social comunitaria construyen.

En este sentido, la experiencia generada por la Federación Internacional de la Cruz Roja, específicamente a partir de los procesos de educación comunitaria, bajo la metodología de “aprender haciendo” es una muestra clara de cómo los grupos comunitarios vulnerables, sean locales o sociales, pueden reducir su riesgo desde sus condiciones intrínsecas. El programa DIPECHO de la Comisión Europea, en el cual participan múltiples organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de base y organismos no gubernamentales, también ha generado importantes lecciones aprendidas en este sentido.

Estos procesos, sin duda, encuentran su límite inmediato en las causas de mayor escala, en donde deben intervenir los actores institucionales. En un mundo ideal, ambos procesos deberían encontrarse en el corto plazo. Sin embargo, las limitantes en la calidad de la política pública para la reducción del riesgo no permiten pronosticar un rápido encuentro.

Como comentario final, es importante reflexionar sobre el estado de situación del riesgo en nuestros países. El terremoto en Haití es un llamado extremo a mirar lo que puede acontecer cuando una ciudad capital, como centro de poder y gestión, es impactado es mayor magnitud. El gobierno peruano tomó medidas inmediatas para intensificar la planificación y organización en la ciudad de Lima y en otras ciudades del país, sin embargo, en qué medida los gobiernos latinoamericanos están aprovechando esta cruda lección de la realidad aún está por verse. Por otra parte, la emergencia de nuevos procesos de política pública y de iniciativas de reforzamiento de las capacidades locales constituye una oportunidad aún no consolidada.

La gestión integrada del riesgo se ha convertido en una aspiración, en un esfuerzo al que se suman cada vez más adeptos. Será vital que este creciente esfuerzo se traduzca en realidad, que el discurso se ajuste a la práctica, y que el diálogo con la política y la administración sea más transparente y proporcional a las realidades de la gestión pública de cada país.

Luis Rolando Durán Vargas.

Consultor internacional

Imagen 1 propiedad de ONU/EIRD

Foto Haití: Mjrko Renola

Foto terremoto de Perú: Susana Arroyo.

Terremoto en Haití: hoy más que nunca se necesita una solidaridad efectiva y responsable

Fecha: 12 de Enero del 2010

Los cerros de Pétion Ville están forrados de construcciones caóticas, una sobre otra, en un pesadísimo cemento que no lleva ni refuerzos, ni criterios técnicos. Solamente se juntan los deseos de estar mejor, por eso muchos se van y mandan su dinero, para que su familia pueda construirse una casa, que en la mayoría de los casos constituye una trampa mortal.

Se habla de hoteles y edificios colapsados. Incluso la sede de los Cascos Azules, y un hotel de lujo, muy nuevo. Es tan desalentador pensar lo que pueda haber sucedido a estas viviendas, pegadas como musgo en las laderas.

Poco se sabe aún de lo que ha pasado verdaderamente. En Haití hay electricidad pocas horas al día, y Puerto Príncipe y Pétionville se iluminan con las velas y las sonrisas de la gente que transita por la noche haitiana. Esta noche no será suficiente para alumbrar lo necesario, para permitir actuar con la celeridad que la situación exige.

Hoy más que nunca se necesita la solidaridad. Pero una solidaridad organizada y conciente. No basta con las buenas intensiones. Haití está golpeado profundamente, su gobierno está intervenido desde hace muchos años y sus instituciones son débiles. Si es cierto que colapsó el Palacio de los Ministros, es de pensar que las oficinas de Protección Civil estén afectadas. Aún los países más organizados difícilmente pueden actuar organizadamente con un terremoto tan violento en su capital. Es vital entender, respetar y tomar en consideración este contexto de la vida haitiana. La cooperación debe darse con orden y con la calma que la prisa exige.

Hoy más que nunca debemos ser cuidadosos, con lo que se envía y lo que no. Con lo que hacemos y decimos. Las instituciones, las personas, los gobiernos y las agencias deben tomar muchas precauciones para encauzar adecuadamente la solidaridad. Para que verdaderamente ayude a quienes sufren y no solamente alivie a quienes la dan.

Sabemos que una vez más este pueblo de gente fuerte se repondrá, como lo ha hecho siempre.

Aquí hay un sitio web que puede brindar mucha orientación al respecto.

http://www.saberdonar.info/

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Luis Rolando Durán

América Latuanis