Unos meses después de lo sucedido en el sur de Chile la publicación Asuntos del Sur me invitó a escribir un artículo comparando de alguna manera lo sucedido en los terremotos de Haití y de Chile.
La base del artículo debería ser una respuesta a un “desafío” lanzado por el político Marco Enriquez- Ominami.
De seguido aparece, en itálica, el texto del desafío y luego viene mi artículo en respuesta:
DESAFIO.- CATASTROFES , ESTADO Y SOCIEDAD CIVIL: El Rol del Estado y la sociedad civil para enfrentar catástrofes en América Latina.
Por Marco Enriquez-Ominami, ex Diputado y candidato a la presidencia de Chile. Fundador del Comité para la Reconstrucción Chile de Pie.
Chile, una vez más fue víctima de una falla geológica que provocó un terremoto 8,8 grados en la escala de Richter y, posteriormente, un devastador maremoto. Pocos meses antes, Haití sufrió también un terremoto de alta intensidad. Ambos episodios dejaron profundas grietas en sus sociedades. En Haití falló el Estado, las instituciones no funcionaron, aunque no fue un tema inesperado para un “Estado fallido” que cuenta con precarias y vulnerables estructuras institucionales, por no decir inexistentes. Sin embargo, sorprendentemente sí reaccionó la sociedad civil con gran velocidad.
En Chile, un país con un largo historial de catástrofes sísmicas, el Estado si bien reaccionó a un nivel aceptable, lo hizo lentamente. A su favor, nuestro país contaba con estrictos códigos de construcción y diversas estructuras institucionales de reacción. Sin embargo, contrariamente a lo que vimos en Haití, la sociedad civil se invisibilizó. Los casos de pillajes, ampliamente difundidos por la prensa y que necesitó una férrea intervención de las Fuerzas Armadas, fue la expresión más clara de la ausencia de un tejido social robusto. Operativos efectuados en la ciudad de Concepción lograron recuperar casi dos millones de dólares en objetos sustraídos por la población, no todos saqueadores necesitados, sino también algunos relativamente acomodados. Además, un importante número de actores económicos no sólo se desligaron de responsabilidades, sino que también muchos de ellos cometieron importantes abusos y cobros indebidos a los ciudadanos más afectados por la catástrofe.
¿Cuáles son las diferencias entre ambos casos para que se hayan expresado de modo tan diferente ambas esferas: el Estado y la sociedad civil?
¿Qué lecciones podemos sacar para enfrentar similares catástrofes en América Latina?
¿Qué redes de cooperación existen o debieran existir en una región con amplios historiales de catástrofes?
Terremoto en Chile: un desafío para los modelos de desarrollo
Luis Rolando Durán
En los
últimos meses varias ciudades del mundo han sido impactadas por sismos que han generado desastres y situaciones de
crisis extrema. Los casos de Haití y Chile resuenan aún en América Latina y el
Caribe y han generado una actitud de revisión y actualización de marcos
políticos y normativos en materia de riesgo y desastres. También ha generado
comparaciones entre los fenómenos, como medio para comprender lo sucedido y
generar escenarios de futuro.
Siempre
que se comparan desastres hay una tendencia marcada a comparar la magnitud del
evento, su medida física. Esto es un error, puesto que el desastre no es la
causa, sino el efecto: el desastre en Haití o en Chile no fue el evento
sísmico, su magnitud y profundidad, sino los efectos dañinos y destructivos, el
reto que plantean a la sociedad, a sus instituciones públicas y al sector
privado, en cuanto a la respuesta, la reconstrucción y el reingreso a una
“normalidad” renovada, en la cual se debería ser menos vulnerable que antes.
En
Haití la capital colapsó y con ella
prácticamente toda la infraestructura gubernamental, se contabilizó más de 200
mil muertos y aún hoy dos millones de personas se encuentran sin casa. En Chile las pérdidas y daños humanos y
materiales fueron mucho menores y el centro de poder y administración quedó
intacto, con todos los instrumentos y mecanismos a su disponibilidad para dar
una respuesta rápida y adecuada.
De tal
manera, la comparación entre estos dos desastres no parece ilustrativa para
comprender lo sucedido en Chile. Más adecuado podría ser analizar algunos
aspectos sensibles de la situación en el país antes del evento, y de como se
dio la respuesta estatal y ciudadana:
-
La normatividad que rige los temas de desastres en Chile data de los
años 60. Es obsoleta para los aspectos de preparación y respuesta y
completamente omisa en cuanto a la prevención. El país no contaba con una
legislación adecuada, ni con una estructura institucional acorde a una política
integral de reducción de riesgo. Este
proceso estaba en marcha en el 2010, con sumo retraso en relación con otros
países de América Latina.
-
Aún siendo el país que albergó el 50% de la energía sísmica liberada en
el siglo XX en todo el mundo, Chile no contaba con una red sismológica adecuada.
Los avisos sobre regiones y ciudades con mayor exposición a sismos y tsunamis
eran abundantes, pero no hubo una repuesta suficiente en cuanto a
instrumentación, vigilancia y aviso.
-
En este contexto, los problemas de información y coordinación, que
alcanzaron su punto más álgido en la situación del tsunami, apuntan más a una debilidad
en la política pública, en la organización
institucional y en la planificación, que a un problema externo ligado con la
tecnología, caída de señal telefónica o algo parecido.
-
Esto mismo se puede aseverar en relación con la situación caótica que
se vivió en varias comunidades, en donde no fue evidente una articulación entre
instancias y personas responsables en las diferentes escalas territoriales,
situación que muy probablemente motivó los saqueos y el desorden civil que se
observó.
Por
tanto, algunas de las preguntas que deberían resonar hoy serían:
¿Qué
tan organizados estaban los gobiernos regionales y locales de las zonas
afectadas?
¿Como
funcionaron los protocolos nacionales de coordinación interinstitucional?
¿Existían
los planes nacionales y locales de preparación y alerta temprana y que tan
adecuadamente funcionaron?
¿En qué
medida se utilizó el vasto conocimiento de las entidades científicas y la
universidades, que habían estudiado previamente estas vulnerabilidades, para
diseñar, planificar y actuar?
En
relación con la respuesta de la Sociedad Civil el reto de análisis es aún mayor
que el anterior. Es inevitable combinar
la acción del Estado y la respuesta de la Sociedad Civil puesto que la base de
una estructura de respuesta se encuentra en la comunidad y la sociedad civil,
donde lo institucional y lo comunitario son factores absolutamente
interdependientes.
Comprender
en que medida se dio o no una respuesta de la sociedad civil chilena requiere
un análisis complejo que no debería centrarse solamente en el momento de la
catástrofe, en los saqueos o en el costo específico del material que fue
robado, sino en las causas sociales y económicas, en la psicología colectiva y
en las condiciones subyacentes que fueron disparadas, en esta ocasión, por un
desastre ligado a un evento natural. Situaciones de solidaridad, de trabajo
colectivo y de recuperación basada en la cohesión comunitaria también fueron
evidentes.
Aún
así, es importante considerar que el caos que se observó no guarda proporción
con la dimensión del impacto. Sin condiciones de aislamiento y en un país tan
altamente conectado no sería de esperar una situación realmente grave de
desabastecimiento. La eficiencia y
rapidez en el accionar del Estado es uno de los aspectos que más contribuye a
reducir la angustia de las personas y a transmitir una sensación de seguridad.
Una población que se siente bien asistida difícilmente alcanzará niveles de
desesperación que le lleven a un caos como el que existió en este caso.
La
vulnerabilidad y el impacto de los desastres reflejan a la sociedad y al país
donde se gestan. En ellos se observa la estructura social, la equidad en los
modelos de nación, el carácter subsidiario de los territorios y las estructuras
económicas, la resiliencia y la robustez del tejido social que le permita
resistir presiones máximas de un fenómeno de la naturaleza o de un riesgo de
otro origen. De esto debería salir la enseñanza principal de este desastre.
Este aprendizaje debe considerar de que manera el modelo económico en muchos
casos está ignorando el riesgo y sus impactos, lo acrecienta y a la vez desmoviliza las capacidades sociales
y la solidaridad comunitaria.
El
terremoto de Chile debe generar un movimiento fuerte de organización, adopción
de políticas y ajustes institucionales en América Latina. A diferencia de
Centroamérica y el Caribe, no existe en los países del Cono Sur una estructura
regional de coordinación e intercambio en las áreas de gestión de riesgo y
respuesta a los desastres. En la Comunidad Andina, el organismo regional es aún
débil y no ha alcanzado aún una dinámica de coordinación y acción conjunta
consolidada, que pueda además brindar una plataforma de coordinación para sus
homólogos del Cono Sur.
El
desafío en lo nacional y lo regional está lanzado y es de esperar que una
acción consecuente y constructiva de quienes toman las decisiones.
Imagen tomada del sitio
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